Se inició hoy el "debate" de los nuevos "paquetazos" económicos propuestos por el gobierno. Una de las normas que se ventila tiene que ver con temas ambientales e implica, entre otras cosas, la reducción de plazos para la aprobación de los Estudios de impacto ambiental.

Esta reducción es a la mitad del plazo promedio actual, y sin el fortalecimiento institucional o de los recursos humanos o presupuestales necesarios.

En lo que va del gobierno hay un desorden y desarticulación total, hay improvisación y no hay un sustento técnico, económico ni financiero, con miras a fortalecer la institucionalidad ambiental. 

Nuevamente, sin que hayamos tenido oportunidad siquiera de evaluar el impacto de las normas anteriores, se propone recortar los plazos.  ¿Cuál es la lógica, cuál es la evaluación? Pareciera que se están proponiendo estas normas a gusto del cliente: las empresas extractivas, de minería, de hidrocarburos que piden que se allane el camino a sus inversiones en perjuicio de la institucionalidad ambiental.

¡Es inaceptable que estando a unos días de la COP20 el gobierno pretenda promulgar una norma que debilita la institucionalidad ambiental! Inaceptable que lo haga con el aval de un Congreso convertido en mesa de partes. Es necesario un mayor debate.

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