Recientemente se ha aprobado la Ley 30230, que establece "medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", que forma parte del conjunto de normas conocidas como "Paquete Castilla" o "paquetazo ambiental".

Para comentar los impactos de esta ley sobre la institucionalidad ambiental, en particular sobre las capacidades fiscalizadoras del Estado, participé el 18 de julio en la primera edición del programa "Agenda Ambiental", conducido por Pilar Camero, coordinadora de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), que se transmite por Enlace Nacional.

Como señalé en el programa, con el argumento de atraer inversiones para revertir la desaceleración de la economía, lo que provoca esta ley es debilitar la institucionalidad ambiental y recortarle a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones y su peso político. 

Con esta nueva norma, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no podrá sancionar o multar a empresas contaminantes por tres años. Esto quiere decir mayor permisividad con la contaminación. 

Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, que antes los determinaba el Ministerio del Ambiente, ahora serán aprobados mediante un decreto supremo por otros sectores. Con ello se burocratiza, se alarga y se politiza algo que debía establecerse con criterios técnicos. 

La Ley 30230 no ha tenido un debate en el pleno del Congreso y menos una consulta en distintos sectores de la sociedad. 

¿Qué podemos esperar, en este contexto, y con estas medidas, del Mensaje a la Nación del 28 de julio? 

El presidente Ollanta Humala debería dar garantías de que no se va a descuidar del todo el tema ambiental, en el sentido de fortalecer la institucionalidad y garantizar el presupuesto para entidades reguladoras y fiscalizadoras.

Comparto con ustedes el registro de la entrevista, gracias a Enlace Nacional.

Primera parte

Segunda parte

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