Esto sí que es el colmo. Ahora resulta que una empresa petrolera elaboró el Reglamento de Hidrocarburos, pero no solo eso, sino que lo sustentó ante funcionarios del MINAM en las oficinas del MINEM. Resulta además que esta petrolera tiene concesiones en el mar norperuano donde se tenía previsto crear una Zona reservada, proceso hoy bloqueado por el “paquete reactivador” de Castilla. Imposible pensar ahora que solo se trataba de una “feliz coincidencia” cuando las modificaciones a la normativa ambiental del “paquete Castilla” seguían a pie juntillas el “Libro blanco” de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos… 

Y al Ministro Mayorga todo esto le parece de lo más natural. ¡Mejor que les ceda el fajín ministerial a los directivos de estas empresas! Una cosa es dialogar con las empresas, otra distinta es dejar que éstas definan las políticas públicas y las normas. Tenemos, pues, un gobierno títere de determinados sectores empresariales, lo cual nos aleja peligrosamente de los parámetros de la democracia.

Las políticas públicas y las normas se deben definir en función de los intereses del país, con una perspectiva de mediano y largo plazo, garantizando los derechos de todos los sectores (funcionarios, empresarios, trabajadores, pueblos indígenas, etc.), conciliando intereses a veces contradictorios, buscando el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por eso, la planificación y la definición de las políticas públicas le corresponden al ESTADO. Pero el nuestro ha claudicado en este rol y ha privatizado la planificación y las políticas públicas, lo que es peor, supeditándolas a intereses de determinados grupos empresariales. Esto era un secreto a voces, pero los #CornejoLeaks nos lo confirman de la manera más procaz.

Ver #CornejoLeaks en:  http://www.larepublica.pe/12-08-2014/petrolera-elaboro-el-sustento-del-reglamento-que-quiere-eliminar-los-eia