Ella tenía 11 años, venía de una comunidad andina, había sido encargada por sus padres a sus “padrinos” residentes en Lima, apoyaba en las labores de la casa e iba a la escuela. Ahí fue donde sus maestras se percataron de la angustia que la invadía cuando llegaba la hora de volver a casa, entre otros signos de que algo andaba mal. Finalmente, Marita*  les reveló su drama: el hijo de sus padrinos abusaba sexualmente de ella, una y otra vez. La acompañaron a la Comisaría, donde la niña tuvo que relatar –y revivir- su drama, una y otra vez, al policía, a la fiscal, al personal del Centro de Emergencia Mujer. Ahí fue que me reportaron el caso y se continuó su acompañamiento. En el proceso, pasó por un examen médico para determinar su estado de salud. Entonces irrumpió, aterradora, la pregunta: ¿Y si esta niña de 11 años había quedado embarazada como resultado de las violaciones sexuales? ¿Qué iba a pasar ahora con Marita? ¿Qué pasaría con su vida, con su salud, con sus estudios? 

Lamentablemente, el caso de Marita no es aislado. Nuestro país tiene la tasa más alta de denuncias por violación en América del Sur; en el 2013 el Ministerio Público registró 17 763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, cerca de 50 casos cada día. En el 75% de casos las víctimas fueron menores de edad. Más del 30% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. 34% del total son violadas en su propio domicilio.

Y el drama de cada una de estas niñas, adolescentes y mujeres se reproduce y se agudiza cada vez que la sociedad y el Estado les dan la espalda, en un círculo de violencia sin fin. Ese Estado que no fue capaz de protegerlas, de darles seguridad en la calle, de dar curso a sus primeras denuncias en una Comisaría, es el mismo que, por falta de logística (cámaras Gesell) o de formación de los funcionarios competentes, les hace revivir una y otra vez la ominosa vejación de la que han sido víctimas. Ese mismo Estado es el que las deja solas en su búsqueda de justicia: menos del 1% de denuncias es defendido por el Estado Peruano y los procesos son largos, interminables a veces.

Como si este círculo de violencia no fuera suficiente, el Estado obliga a la mujer, niña o adolescente víctima de violación a llevar a término el embarazo, la obliga a asumir el resultado de un delito condenado por la ley y la sociedad, sin tomar en cuenta el impacto que puede tener en su proyecto de vida, en su salud física y mental. Si decidiera interrumpir ese embarazo el Estado la condenaría con una sanción penal (pena privativa de libertad no efectiva de tres meses). No establece ni siquiera la posibilidad de acceder gratuitamente a un anticonceptivo oral de emergencia que no es abortivo (la OMS refiere que surte efecto antes de la fecundación). ¿Con qué derecho un Estado que no supo protegerla para evitar que fuera violada, que la revictimiza cuando denuncia, que la deja sola en la búsqueda de justicia, pretende encima obligarla a llevar a término el embarazo?

Frente a esta situación, recientemente, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU recomendó al Estado peruano que considere la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o severa malformación del feto, en caso de que la mujer así lo decida. Y hace unas semanas ingresó al Congreso de la República una iniciativa legislativa ciudadana que propone la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación sexual.

La sociedad y el Estado deben asumir este debate con gran responsabilidad, superando los esquemas tradicionales y machistas que no conciben a la mujer como sujeto de todos los derechos, que le asignan y le imponen la maternidad como designio único e inevitable, concibiéndola, en buena cuenta como una suerte de útero andante. ¿Y el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿A caso no debiera ser potestad de la mujer tomar ese tipo de decisiones puesto que se trata de su cuerpo, pero también de su proyecto de vida? ¿O deben el Estado y la sociedad disponer de éstos restringiendo su libertad y dignidad? Si una mujer decide continuar con el embarazo resultante de una violación sexual, el Estado y la sociedad deben acompañarla; y si su decisión es interrumpir ese embarazo deben brindarle también la información necesaria, el acompañamiento y los servicios que requiera, y no darle la espalda -una vez más- y obligarla a hacerlo en la clandestinidad poniéndola nuevamente en situaciones peligrosas para su salud y su vida.

La interrupción de un embarazo debe ser siempre el último recurso, el Estado y la sociedad deben brindar todas las condiciones, hacer todos los esfuerzos posibles para que la maternidad sea siempre el fruto de una decisión libre y responsable que garantice para la madre y para su hijo o hija una vida plena y feliz. Mientras no se puedan garantizar esas condiciones la mujer debe tener la posibilidad de decidir.

En cuanto a Marita, por suerte, no quedó embarazada. La acompañamos hasta que, tras pasar por un albergue de INABIF, pudo volver a casa, con su familia, con acompañamiento del MIMP, libre para seguir sus estudios, para jugar, para vivir. ¿Y si hubiera quedado embarazada como resultado de esas violaciones sexuales? Tú, ¿la hubieras obligado a seguir con ese embarazo?

Lima, octubre de 2014.

*Por razones de seguridad hemos cambiado el nombre de la víctima.

(Artículo publicado en Diario UNO, edición del 17 de octubre 2014)