El brutal desalojo de una vivienda en Cajamarca por parte de la Policía y que terminó con la vida del propietario, Fidel Flores, ha indignado al país. Incluso el Presidente de la República ha lamentado que “por una deuda de una motosierra que es un bien capital” se pueda “poner en juego un bien fundamental que es la vida”. Asentiríamos plenamente si no fuera por la incongruencia entre sus dichos y sus actos: más de una vez optó por declarar el estado de emergencia antes que agotar la vía del diálogo, poniendo en juego más de una vida, como ocurrió en Espinar y en Cajamarca en 2012 o, más recientemente, en La Convención. Ahí también se “jugó con la vida” de quienes defendían sus territorios, sus lagunas, sus derechos. Por esos muertos nadie pidió perdón. Más bien se les tildó de "enemigos del desarrollo", "agitadores", "politiqueros", deshumanizándolos, convirtiéndolos en “daño colateral” de nuestro crecimiento económico. Y algunos aún se extrañan del uso desproporcionado de la fuerza, ¡pero si es una política de Estado! 

Tampoco sorprende que en el caso del desalojo los policías actuaran en "asociación público privada” con matones a sueldo. El propio Ministerio del Interior ha dado el ejemplo avalando convenios entre empresas mineras y petroleras y la Policía Nacional, poniendo a quienes debieran ser garantes neutrales de la paz, al servicio de intereses privados, mellando su legitimidad frente a la ciudadanía.

Tampoco resulta convincente el pedido del Ministro del Interior de investigación y sanción para los responsables en el caso del desalojo, cuando hace apenas unas semanas justificó la muerte de un joven de 16 años en la protesta de La Convención. En el caso de los 31 muertos por conflictos sociales no hay ningún policía sancionado, ninguna familia indemnizada. En la mayoría de los casos no hay ni siquiera una investigación abierta. En el caso de Espinar, los policías dispararon al cuerpo de los campesinos, las imágenes están registradas pero no fueron consideradas por el fiscal quien ni siquiera ha formulado acusación ante el Poder Judicial y el caso ha sido archivado. Las viudas no pudieron apelar a tiempo porque el caso fue trasladado inconstitucionalmente a Ica. Y este es solo un ejemplo más, así se instala la cultura de la impunidad.

Y la impunidad se consagró en el Congreso, cuando se puso a debate la reconsideración del dictamen que luego se convertiría en la ley 30151 que otorga impunidad a los efectivos policiales que usen sus armas, hubo indiferencia y hasta sórdidas risas desde la bancada fujimorista. Solo 7 congresistas votamos a favor de anular esta ley que, más allá de sus efectos jurídicos, simboliza la consagración de una cultura de violencia e impunidad en nuestro país. Es urgente derogarla.

Cusco, 7 de noviembre 2014

Verónika Mendoza

Columna publicada en Diario UNO, 8 de noviembre 2014