Del lote 192 (exlote 1AB), en nuestra Amazonía, se extrae el 17,12% de la producción nacional de petróleo, 12. 242 barriles por día. En los últimos 10 años ha generado US$ 1.678 millones en regalías y más de S/.750 millones en canon para el Gobierno regional de Loreto. 

Al parecer tantos millones de dólares y barriles de petróleo han tenido obnubilado al Estado peruano, tanto que no se dio cuenta de que allí, en las cuencas del Pastaza, del Tigre y el Corrientes, habitaban desde tiempos ancestrales pueblos como el Quechua, Kichwa y Achuar, y declaró parte de sus territorios como terreno eriazo para darle servidumbre gratuita a las empresas petroleras que operaron en el lugar.

Los pueblos indígenas, en cambio, en 43 años de explotación petrolera, no vieron los dólares, pero sí el petróleo… derramado en sus tierras, en sus quebradas, en sus cochas o lagunas, varias de ellas hoy sin vida, sin peces. Durante años tocaron puertas, enviaron cartas, se movilizaron, pero el Estado hizo caso omiso. En el 2013, a mucha insistencia, lograron que el Estado realizara un monitoreo ambiental que confirmó lo que ellos ya sabían: en la cuenca del Pastaza dos tercios de las quebradas y 87,5% de las cochas presentaban sedimentos con niveles de hidrocarburos que superan los límites establecidos. En la cuenca del Alto Tigre el 100% del agua de consumo humano evaluada estaba contaminada con hidrocarburos y metales pesados, poniendo en riesgo la salud y la vida de las comunidades indígenas.

Tras dos años y medio de sucesivas mesas de diálogo y un sinfín de actas firmadas se ha avanzado con el diagnóstico, pero ya va siendo hora de empezar a resolver los problemas de fondo. Las comunidades exigen remediar todos los sitios contaminados, titulación de sus territorios, compensación por el uso de éstos, indemnización por todas las afectaciones al ambiente, a su salud y sus vidas, servicios básicos. Y han declarado que si esas demandas no son atendidas no aceptarán que se convoque a una nueva licitación del lote; lo justo. El problema es que ya estamos a 9 meses del término de la actual concesión, y el tiempo se va acortando para realizar la consulta previa y la licitación del lote, y la palabra “imposible” empieza a ser susurrada.

¿O será que el gobierno está alistando la prórroga del contrato sin consulta previa argumentado que la producción de petróleo no se puede detener? ¿Preferirá imponerse con la presión de los medios pro-inversión y la represión policial antes que resolver los problemas de fondo? Las comunidades indígenas le están dando una última oportunidad. ¿Estará a la altura esta vez?

Verónika Mendoza

* Declaración del presidente de la Federación de comunidades nativas del Corrientes.

Columna publicada en Diario UNO el 22 de noviembre 2014

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