En el año en el que nuestro país es anfitrión de la COP y que debería haberse asumido como la oportunidad para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, el gobierno no hace sino proponer y aprobar normas que ponen en riesgo el ambiente y por lo tanto nuestra salud, y ahora directamente a nuestras comunidades campesinas y nativas.

Uno de los últimos "paquetes reactivadores" que el Ejecutivo ha enviado al Congreso incluye la pretensión de facilitar el otorgamiento de servidumbres en todo terreno eriazo. La norma tal como está planteada podría interpretarse incluyendo al patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación: podría ponerse en riesgo nuestros bosques. Por eso hemos propuesto que debe incluirse explícitamente una mención señalando que no se considerarán terrenos eriazos las áreas incluidas en el patrimonio forestal del país.

La norma también podría significar la expropiación indiscriminada de territorios de comunidades. Se nos ha propuesto que se precise que se otorgará servidumbres en terrenos "siempre que no estén ocupados por comunidades campesinas o nativas". Eso NO ES SUFICIENTE porque  la mayoría de nuestras comunidades campesinas y nativas NO ESTÁN TITULADAS. Casi cuatro mil comunidades, entre nativas y campesinas, tienen pendientes sus procesos de titulación, así que se podrían declarar como terreno eriazo y otorgar servidumbre en las mismas. Lo peor es que la norma propuesta pretende además que una vez otorgada la servidumbre ninguna autoridad podrá otorgar otro derecho. Es decir, si un gobierno regional estaba en proceso de titular alguna comunidad ya no podría completarlo y la titulación quedaría bloqueada. Eso es lo que ocurrió en las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en Loreto: en el gobierno pasado se declaró como terreno eriazo parte de sus territorios y eso ha bloqueado el proceso de titulación hasta hoy, a pesar de tres años de "Mesas de diálogo".

Todo esto ocurre en el año de la COP, cuando hablamos tanto de reducir la deforestación, cuando, defendiendo sus bosques, han sido asesinados cuatro dirigentes asháninkas, entre ellos Edwin Chota, que buscaba el reconocimiento jurídico de los territorios de su comunidad.

Gabinete paralelo

En cuanto a la normatividad ambiental, ha habido un retroceso constante a lo largo del año. En el caso de los EIA, empezó con el DS 060 del 2013, y desde entonces se han ido modificando los plazos del mismo y los plazos para las opiniones técnicas vinculantes una y otra vez, a través de leyes, reglamentos... hasta se pretendió hacerlo con la ley de presupuesto. Se ha hecho de una manera tan desordenada que resulta evidente que no se está apostando por la modernización de la gestión ambiental, sino que hay una lógica de allanamiento total para las inversiones. Pero además, por otro lado, se está fortaleciendo otra entidad dentro del MEF a la cual se otorga la potestad de realizar "cualquier acción" que sea necesaria para que un proyecto de inversión obtenga todos los permisos, licencia, autorizaciones, etcétera.

Se trata del "Equipo especializado de seguimiento de la inversión".

¿Un equipo de seguimiento a las inversiones que estaría por encima de los demás sectores? ¡Noten que todas las entidades públicas deberán rendirle cuenta cada mes! Peligroso e inadmisible.

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