“Como se sabe, [los jóvenes] pagan ‘derecho de piso’”, nos ha dicho el Presidente de la República como para tratar de justificar su “Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social”, engañoso título con el que se ha aprobado un nuevo régimen laboral discriminatorio con derechos recortados para jóvenes de 18 a 24 años. Estos podrán ser contratados sin recibir CTS, ni gratificaciones, ni asignación familiar, ni seguro de vida, indemnización por despido reducida y la mitad de vacaciones. Es decir, se podrá tener en la misma empresa a trabajadores entre 18 y 24 realizando el mismo trabajo que otros de igual o mayor edad pero con menos derechos y menos remuneraciones. 

Se ha acusado a quienes criticamos la norma de no haberla leído bien, pero parece que ese es más bien el caso de sus promotores. Veamos algunas de sus "inconsistencias". Nos han dicho que solo se aplica a los jóvenes que nunca han podido estar en planilla por su falta de experiencia laboral. FALSO. Este régimen podrá ser aplicado también a quienes hayan estado desocupados más de 3 meses, aunque hubieran estado en planilla antes. El propio Presidente dijo también que "esta ley no va para jóvenes con estudios superiores o tecnológicos que tienen carrera”, que es solo para los jóvenes no calificados. FALSO. La norma dice explícitamente que se aplica a todos los jóvenes entre 18 y 24 años, con secundaria, superior técnica o universitaria, completa o incompleta.

Por otra parte se ha asegurado también que la norma tiene “candados” para evitar que se despida trabajadores para reemplazarlos por jóvenes con este nuevo régimen. En efecto, la norma lo prohíbe expresamente, el problema es que no hace falta despedir trabajadores, como la mayoría no está en planilla basta con esperar el cese de sus contratos temporales para reemplazarlos por jóvenes. Y quién nos garantiza que no se va a empujar a algunos trabajadores a “renunciar” y empezar a contratar en su lugar a "jóvenes baratos", ¿la SUNAFIL con la poca capacidad inspectiva que tiene?

Pero lo peor de la norma es la lógica con la que se ha concebido: reducir sobrecostos laborales (sí, así le llaman a nuestros derechos) para incentivar a las empresas a contratar a los jóvenes y supuestamente reducir la informalidad. No se ha presentado ninguna evidencia de que regímenes laborales con derechos recortados promuevan la formalización. Además, ya existen regímenes laborales especiales para micro y pequeñas empresas, entonces, ¿para qué uno más?, se estará preguntando usted. Pues para que puedan beneficiarse de éste las grandes empresas, esas que facturan millones de dólares. ¿No será que ahí está el meollo de todo este asunto?

Es tiempo de superar esa lógica perversa y facilista de desregular, flexibilizar y recortar derechos en nombre del crecimiento económico. Si realmente queremos reducir la informalidad de los jóvenes, entonces que se genere empleo, que se promueva y diversifique la producción, que se garantice educación de calidad y articulada a la demanda laboral y al desarrollo nacional, que el Estado asuma su responsabilidad con la seguridad social. Es hora de un debate serio y responsable sobre el empleo en nuestro país. ¿Por qué no apostamos, por una vez, por hacer las cosas bien y no al caballazo tirando los derechos al piso?

Verónika Mendoza

Cusco, 19 de diciembre 2014

Publicado en Diario UNO, 20 de diciembre 2014