"Terroristas antimineros", esas fueron las palabras que empleó el vocero de la empresa Southern para calificar las protestas en Islay en torno al proyecto cuprífero Tía María.

No es la primera vez que se usa calificativos de esta naturaleza para referirse a quienes ejercen su derecho de protesta frente a proyectos extractivos: términos como "azuzadores", "revoltosos", "antimineros", son ya moneda corriente en el mundo de la opinología. Sin embargo, hay una carga semántica particular en el término "terrorista", más allá de su significado intrínseco y que proviene de fatídicos episodios de nuestra historia reciente, con la cual se pretende deshumanizar a quienes protestan, justificando y naturalizando así otro tipo de violencia: "si esos que protestan son 'terroristas' entonces poco valen sus vidas, menos sus opiniones", ese parece ser el mensaje final. "Escalamos" así de la desciudadanización a la deshumanización del otro. Quienes han hecho uso de estos términos públicamente saben muy bien de todas estas implicancias. Por eso resulta preocupante que desde el Estado, supuesto garante neutral de derechos, no se haya deslindado o exigido rectificación como correspondía sino más bien se haya refrendado tácitamente. 

Por otra parte, resulta absolutamente contradictorio y contraproducente que por un lado se estén haciendo esfuerzos por instalar un proceso de diálogo y por otro se esté criminalizando mediáticamente a los potenciales interlocutores en ese diálogo. Así lo único que se logra es atizar el conflicto. O son muy torpes e irresponsales o no tienen voluntad real de diálogo y prefieren usar la represión y el chantaje.

Si realmente gobierno y empresa quieren resolver el conflicto, entonces deben atender las preocupaciones, las demandas y las propuestas de la población de la zona, y tomar en cuenta los antecedentes de este proceso: la consulta popular del 2008 en la cual el 90% rechazó el proyecto minero por considerar que no era compatible con la realidad y potencialidad agrícola del Valle del Tambo; las tres movilizaciones que se dieron entre 2010 y 2011 que dejaron un lamentable saldo de tres muertos por fuego policial; los informes y sanciones de parte de Osinergmin, OEFA y hasta de la Fiscalía especializada en medio ambiente de Ilo por incumplimiento de normas ambientales; las 138 observaciones que UNOPS hizo al EIA anterior y su declaración de inadmisibilidad en abril 2011; etc. Respecto a la última versión del EIA aprobada en agosto 2014, Cooperacción ha señalado que se debe aclarar, por ejemplo, cuándo se construirá la planta desalinizadora y las chancadoras, que hace falta un análisis de las características hidrogeológicas de la zona y de la "resistencia de la roca madre y de la estructura geológica, las cuales estarán expuestas a constantes voladuras en el proceso de expansión de los tajos", un análisis sobre la pertinencia de la ubicación -cerca al río Tambo y al canal existente- del depósito de desmonte y de la planta de chancado primario, etc.

Es importante que todos estos aspectos sean considerados, junto con la valorización del productivo Valle del Tambo, en un diálogo franco y transparente, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y una estrategia de desarrollo integral.

Verónika Mendoza

Lima, 03 de abril 2015

Publicado en Diario 16: http://diario16.pe/noticia/59098-de-ciudadanos-segunda-categoria-terroristas-antimineros-veronika-mendoza