Esta semana se votó en la “Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología” del Congreso el proyecto de ley 3941 que, una vez más, pretende “atraer inversiones” a costa del medio ambiente y los derechos ciudadanos, en este caso, particularmente de los pueblos indígenas. 

Representantes de organizaciones indígenas como AIDESEP (Asociación que agrupa a 50 pueblos y 1500 comunidades amazónicas) y el Pacto de Unidad de organizaciones indígenas que a su vez agrupa a diversas organizaciones campesinas y amazónicas, solicitaron participar del debate por considerar que su derecho al territorio se veía amenazado. Sin embargo, el día del debate y pese a que había un acuerdo previo, en el colmo de la indolencia, el presidente de la comisión optó por someter a voto si se escuchaba o no a los representantes indígenas (sic); algo impensable en una comisión creada justamente para garantizar sus derechos. Así, sin escuchar a los potencialmente afectados, la comisión aprobó el “cuarto paquetazo”, quedando pendiente el pronunciamiento del Pleno.

Este proyecto busca promover el otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área inclusive de manera gratuita en “terrenos eriazos”, hasta ahí todo suena bien. El problema es que en nuestro país los derechos de propiedad y posesión no están claramente reconocidos, menos los de las comunidades campesinas y nativas, las cuales en su mayoría –cerca de 4000- no están tituladas y por lo tanto podría asumirse equivocadamente que el territorio que ocupan está libre. Los defensores del proyecto aseguran que se reconocerá también el derecho de posesión pero lo real es que el Estado no tiene información clara, detallada, actualizada, menos georreferenciada de cuántas son, dónde están y qué extensión tiene esas comunidades en proceso de reconocimiento formal. Y encima se pretende que esto se verifique en escasos 15 días y esté sujeto a silencio administrativo. En esas condiciones las comunidades no podrán defender su derecho de posesión aunque lo hayan tenido por siglos.

También se ha dicho que el MEF está dispuesto a conceder que se excluya a la selva del otorgamiento de servidumbres bajo el amparo de esta norma. No es suficiente. Como bien señala la Defensoría en carta remitida al Congreso el 9 de abril, “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas”. Pero sobre todo, el MEF omite que en realidad ya se han otorgado servidumbres a título gratuito a diestra y siniestra y ocultan que con este proyecto se prohíbe que donde se otorgó o se otorgue servidumbre o derecho de vía se pueda reconocer otro derecho, es decir, queda prohibido titular integralmente a la comunidad o solo se podrá titular “con huecos”.

Con justa razón, en una carta dirigida a la PCM, al Congreso, a la Defensoría, a la ONU y otros, AIDESEP denuncia la amenaza de un “triple despojo”: “Despojo legal que bloqueará los reconocimientos legales de comunidades. Despojo territorial, que partirá en pedazos las titulaciones indígenas para no afectar esas áreas expropiadas para infraestructura o que seguirá deteniendo titulaciones que llevan 20 años. Despojo económico, porque expropian partes de territorios ocupados sin pago alguno y anulan las compensaciones por uso de tierra”.

¿Acaso no hemos aprendido las lecciones del baguazo? No, no es necesario pisotear los derechos ciudadanos para atraer inversiones. Las inversiones no son un fin en sí mismo sino una herramienta para construir bienestar para la gente y no al revés.

Lima, 11 de abril 2015

Publicado en: http://diariouno.pe/columna/alerta-cuarto-paquetazo-en-marcha/