Una de las grandes ausencias en el último mensaje presidencial ha sido la agenda de los pueblos indígenas, a pesar de que en los últimos años han sido sujetos activos de importantes luchas y debates nacionales.

Sin ir muy lejos en el tiempo, el año pasado nada más, cuando fuimos anfitriones de la famosa COP 20 se habló mucho de la necesidad de frenar la deforestación, una de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global, y de empoderar para ello a los pueblos indígenas como guardianes de los bosques reconociendo formalmente sus territorios ancestrales.

Probablemente el Presidente replicaría que sí se ocupó de los pueblos indígenas en su mensaje como cuando señaló que “[su] gobierno ha puesto especial atención a nuestras comunidades nativas amazónicas” e inmediatamente se refirió a su incorporación al Padrón General de Hogares para que puedan ser ususarias de los programas sociales.

Está muy bien, pero dicho así, a secas, insinúa un enfoque paternalista que niega a los pueblos indígenas su condición de sujetos de derechos colectivos con autodeterminación sobre sus territorios, con cultura, cosmovisión y visión propia de desarrollo y los reduce a meros beneficiarios de programas sociales

Por ello, el presidente de la Asociación interétnica de desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, declaró tras escuchar el mensaje presidencial: “Está bien que podamos ser incluidos en los programas sociales pero necesitamos que se nos asegure jurídicamente nuestros territorios […]. Necesitamos que el gobierno atienda nuestra demanda de 20 millones de hectáreas que tienen que ser tituladas, ¿hasta cuándo vamos a esperar?”.

Reconocimiento pleno de sus territorios es por lo que claman estos pueblos para, sobre esa base, construir sus propios proyectos de vida en diálogo con el Estado y el resto de la sociedad. Sin embargo, el Estado se ha resistido tercamente a avanzar en esta tarea.

Si no, recordemos cómo en el caso de la Comunidad de Alto Tamaya Saweto solo tras el asesinato de Edwin Chota y tres dirigentes indígenas el Ejecutivo se preocupó por titular a la comunidad que estuvo tocando todas las puertas durante 10 años. Como ésta cientos de comunidades buscan titularse para proteger a sus territorios de los madereros o mineros ilegales.

En estos momentos está en curso también el proceso de consulta previa a los pueblos de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón sobre la licitación del Lote 192 en Loreto.

El diálogo es tenso y no porque los pueblos se opongan a la actividad extractiva, sino porque exigen legítimamente algunas condiciones mínimas tras 40 años de explotación -y contaminación- petrolera, entre ellas la titulación integral de sus territorios, garantía a su vez del ejercicio de otros derechos.

Peor tratados aún han sido los pueblos indígenas de la sierra a los cuales ni siquiera se les quiere reconocer su identidad como se ha hecho al haber autorizado desde el MINEM -irregular e inconstitucionalmente- 25 proyectos mineros desde el 2012 sin que se realizara la consulta previa a las comunidades impactadas.

¿Acaso estos pueblos no merecían oír el compromiso presidencial de que sí se va a respetar sus territorios y su derecho a decidir sobre éstos? ¿Será que en el fondo gobierno y partidos tradicionales prefieren continuar con su disimulada pero persistente política de colonización?

Publicado en Diario Uno, 1 de agosto 2015.