Seamos sinceros, ni las declaraciones de Barata ni las de Roque Benavides han sido del todo inéditas ni sorpresivas. Todo lo que han confesado ha sido siempre vox pópuli y parte del funcionamiento rutinario de los políticos, grandes empresarios y conglomerados mediáticos de nuestro país. 

Sin embargo, la avalancha de millones que ha soltado Barata o el impudor con el que Benavides ha dado cuenta de la chanchita que hizo la CONFIEP para “defender a la empresa privada” no dejan de producir cierto vértigo. Al mismo tiempo, permiten que la débil flama de esperanza en la justicia se mantenga viva: esta vez ya no solo se trata de sospechas sino de delaciones que están siendo contrastadas con registros de comunicaciones y movimientos bancarios que por irónica fortuna están escrupulosamente registrados en el Departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Gracias a esa moderna Caja de Pandora podremos saber no solo la ruta de los aportes de campaña sino de las coimas propiamente dichas.

Este sofisticado modelo de gestión de coimas es un triste símbolo de nuestra democracia secuestrada por el poder del dinero. Sí, por quienes no creen que los ciudadanos debamos elegir libremente nuestro destino y nuestro gobierno, sino creen que su dinero puedo comprarlo todo: candidatos, campañas millonarias para manipular las elecciones, funcionarios, leyes, etc.

Porque, al fin de cuentas, ¿qué es sino un pago adelantado de favores -para ser diplomáticos y no decir coima adelantada- la chanchita de la CONFIEP? ¿Es pura casualidad que el fujimorismo y otras fuerzas políticas beneficiadas con la publicidad contratada por la CONFIEP defiendan luego los intereses de este gremio? ¿Es pura coincidencia ideológica que defiendan las exoneraciones tributarias millonarias que benefician a estas grandes empresas? ¿Es por pura generosidad que defienden los monopolios que les permiten poner los precios que les da la gana a los medicamentos o los combustibles? Que el fujimorismo haya impedido con tanto ímpetu que se etiqueten los alimentos envasados para alertar a las familias de su contenido dañino, ¿no tiene acaso nada que ver con que los grupos Romero y Gloria de la industria alimentaria hayan aportado a aquella famosa chanchita?

Parece que los que decían defender la “libertad empresarial” defendían más bien sus intereses económicos particulares. Antes que la democracia, defendían la dictadura del dinero, su intocable sistema de libérrimo lucro, ese sistema que urge cambiar por uno en el que primen los derechos y la dignidad de la gente, la igualdad de oportunidades, el bien común, la solidaridad. Si no cambiamos sus perversas reglas de juego vamos a repetir la misma historia con nuevos protagonistas. No lo permitamos.

Verónika Mendoza

Lima, 3 de marzo 2018.

(Publicado en La República, 4 de marzo 2018)