Hace algunos días el INEI reveló que, después de 15 años de reducción paulatina, la pobreza monetaria subió de 20,7% a 21,7% el año pasado. Estamos hablando de 375 mil personas más que pasaron a tener vivir con S/. 338 mensuales para cubrir todas sus necesidades básicas (ese es el monto promedio, en el caso de la sierra rural, por ejemplo, se considera S/.250). Quizás se esté preguntando qué acto de prestidigitación puede permitirle a alguien vivir con tan ínfimo monto. Pues no, no es magia, son sacrificios, carencias y angustias cotidianas, más aún en un país como el nuestro en el que derechos fundamentales como la salud y la educación no están garantizados y las familias tienen que sacar de sus bolsillos para acceder a los mismos. Por ello, la pobreza monetaria no es un indicador suficiente para dar cuenta de la realidad y puede incluso llevarnos a verla con graves distorsiones. Cómo explicar, por ejemplo, que Madre de Dios sea una de las regiones con menor pobreza monetaria del país y esté, al mismo tiempo, entre las que tienen las más altas tasas de anemia, desnutrición o trata de personas.

Lo cierto es que, más allá de la exactitud de las estadísticas, la situación económica de los peruanos y peruanas ha empeorado y alrededor de 30% son vulnerables y susceptibles de pasar bajo esa línea de pobreza.

Desde el mundo gran empresarial y sus voceros políticos y mediáticos se han apresurado en repetir el diagnóstico y la respuesta de siempre. El problema, dicen ellos,son los antimineros, las trabas burocráticas y los altos costos laborales; su solución -aunque no se atrevan a decirla explícitamente- es entonces criminalizar la protesta, declarar en estado de emergencia permanente las zonas mineras, bajar los estándares ambientales y recortar los derechos laborales.Aunque esta vez, por la fuerza de la realidad, los más pudorosos han tenido que incorporar en su diagnóstico el impacto del Niño costero y del caso Lavajato,se trata de una gran y fresca lavada de manos de quienes han conducido la política económica del país en las dos últimas décadas.

Desde hace años atrás, varios veníamos alertando delos riesgos de una economía dependiente del remate de nuestras materias primas. Pero ellos estaban tan obnubilados por las jugosas -aunque falaces- rentas que nos tildaron de aguafiestas cuando dijimos que no podíamos dormirnos sobre nuestros laureles y que debíamos aprovechar el ciclo de precios altos de commodities para diversificar la economía y aumentar la productividad. No despertaron ni cuando los precios de los commodities empezaron a caer a partir del 2013 y la economía urbana empezó a estancarse, se quedaron pasmados y, cuando empezaron a reaccionar, fue para hacer todo lo contrario de lo que había que hacer. Hacia el final de su mandato, Humala no tuvo mejor idea que bajar el impuesto a la renta a las grandes empresas con el argumento de que iban a reinvertir lo ahorrado (cosa que obviamente nunca ocurrió); luego, el presidente “de lujo” –sí, ese era Kuczynski, ¿se acuerdan?- no hizo sino empeorar las cosas: cerró todos los caños del presupuesto, redujo la inversión pública (de 5% del PBI el 2015 a 4,5% el 2017%), encarpetó los programas de diversificación productiva, mantuvo las millonarias exoneraciones tributarias a grandes empresas (mineras, bancos, universidades privadas y hasta casinos, etc., cuyas exoneraciones suman cerca de S/.16 mil millones), permitió las millonarias devoluciones al sector minero (S/. cerca de 6 mil millones el último año), mantuvo enterrada la norma XVI que hubiera permitido combatir la elusión tributaria, continuó el remate de nuestros recursos entregando, por ejemplo, 5 lotes petroleros en la Costa norte sin los estudios técnicos ni consultas indispensables-¡un día antes de dejar la presidencia! -, etc. Resultado: la economía se frenó,los ingresos reales y el empleo cayeron, la pobreza aumentó y, encima, la recaudación llegó a su nivel más bajo de los últimos 15 años -lo que la sitúa entre las más bajas de América Latina y del mundo- manteniéndonos con educación, salud pública, seguridad ciudadana e infraestructura deficitarias.

Esta vez no basta con quedarse de brazos cruzados esperando que los precios de los minerales vuelvan a dispararse. De hecho, hace dos años que los precios de los minerales han empezado a recuperarse, pero eso no ha sido suficiente para reactivar la economía porque son los sectores no primarios (manufactura,comercio, construcción) -los que dan trabajo principalmente en la zona urbana- los que están quebrados. No, no es tiempo de milagros, es tiempo de acciones decididas y coherentes desde el Estado. Por eso resultaría incomprensible que el gobierno de Vizcarra se aferrara a la misma vieja receta que ya mostró sus límites. Lo bueno es que ha ofrecido aumentar la inversión pública, lo malo es que no queda claro de dónde. ¿Reduciendo gasto como ha anunciado el MEF? ¿Qué significa eso?, ¿optimizar el gasto o achicar aún más nuestro ya flaco Estado? ¿Bastará con recuperar las exoneraciones tributarias de la Amazonía para entregarlas directamente a las regiones? No, definitivamente, no.

Así como en el terreno político se necesita una verdadera reforma electoral –y no meros parches-, en el terreno económico se necesita una verdadera reforma tributaria:reducir las devoluciones –ahora, no en unos años-, reducir las exoneraciones, implementar la norma antielusión, en suma, recuperar los miles de millones que hoy el Estado regala a los grandes empresas para invertirlos en mejorar la salud y la educación, en reactivar la inversión pública, dinamizar el mercado interno, abaratar el crédito, sentar las bases de una economía diversificada (concepto ausente de la propuesta del gabinete), productiva, sostenible, con innovación, valor agregado y empleo digno. Está en sus manos, Señor Vizcarra, no pierda otra oportunidad.

Verónika Mendoza

(Una versión resumida del presente artículo fue publicada en La República el 7 de mayo 2018:

https://larepublica.pe/politica/1238472-reforma-pendiente)