¿Te imaginas que de pronto empiezan a circular por la calle de tu barrio, frente a tu casa, 300 camiones de gran tonelaje todos los días levantando polvo, ruido y haciendo temblar la tierra? Nadie te consultó al respecto. Nadie te dice si se va a asfaltar la calle algún día. ¿Te imaginas que declaran en estado de emergencia tu calle y llegan militares y policías para que nadie se atreva a exigir explicaciones? ¿Te imaginas que cuando se organizan en tu barrio y salen a la calle para reclamar por el abuso y hacerse escuchar por las autoridades, te dicen que eso es ilegal, detienen a algunos vecinos y disparan a otros?

Pues, salvando las distancias, eso es lo que ocurre en el famoso "corredor minero" del Sur. Estamos hablando de más de 70 comunidades campesinas y cerca de 150 centros poblados atravesados por una carretera de cerca de 400 km por la que pasan a diario entre 250 y 300 camiones cargados de minerales levantando polvo, ruido y haciendo temblar la tierra. ¿Cómo es posible que un proyecto minero de talla mundial y en pleno siglo XXI se dé en estas condiciones? Pues porque las reglas de juego de la minería en nuestro país están hechas para favorecer los negociazos de las mineras sin importar lo que pasa con la gente, los trabajadores ni el medio ambiente. Aún así, muchas de esas reglas de juego deficientes ni siquiera se cumplen pues Estado y empresa minera se coluden para sacarles la vuelta.

Recordemos que el compromiso original de la minera era que se haría un mineroducto, un tubo por el que pasaría el mineral, y una carretera complementaria -que la empresa debía asfaltar- para las maquinarias y suministros. Pero de la noche a la mañana, en el 2014, al hacerse una venta entre transnacionales mineras, se anuló el ducto y se decidió que todo pasaría por carretera y en camiones. NO se hizo estudio de impacto ambiental de esta carretera, no se evaluó el impacto del polvo, el ruido ni las vibraciones. No se hizo un proceso ordenado para comprar los terrenos de la gente o expropiarlos (con el correspondiente justiprecio de ser el caso) sino que la empresa negoció con algunas comunidades según su criterio y la capacidad de negociación de cada una de las comunidades, generando situaciones de desigualdad entre éstas. ¿Y la consulta previa? Pues no les dio la gana de implementarla. Prefirieron criminalizar a los dirigentes y declarar la zona en estado de emergencia permanente y de manera "preventiva", lo cual es absolutamente inconstitucional. Reprimieron y mataron. Esas muertes siguen hasta hoy en la impunidad. ¿Por qué no empezamos por investigar y sancionar todos estos atropellos a la ley y a la Constitución por parte del propio Estado y la empresa? Si hay algún intento de extorsión o actos violentos de gente vinculada a las comunidades, pues que se investigue y se sancione, pero pongamos las cosas en su sitio. ¿Qué autoridad puede ejercer un Estado que vulnera sus propias leyes y se arrodilla ante los intereses de la gran minería?

Ese es el problema de fondo que los titulares sensacionalistas de algunos medios opacan: nuestro Estado abandonó su responsabilidad de ordenar el territorio, planificar, mediar en el diálogo, consultar, hacer las evaluaciones ambientales para cuidar el aire, el agua y la calidad de vida de la gente. Se "lavó las manos" y dejó que "la mano invisible del mercado" lo resolviera todo, es decir "la mano" de las mineras. No tuvo reparos ni remordimientos, porque, en el fondo, el "Perú oficial" aún hoy en pleno siglo XXI ve los Andes y la Amazonía como terreno eriazo que espera ser conquistado... ¿Y la gente? Son solo "revoltosos", "enemigos del desarrollo", "ciudadanos de segunda categoría", en el mejor de los casos.

La crisis no se va a resolver criminalizando a los dirigentes ni repartiendo unos cuantos millones. Necesitamos cambios de fondo en las reglas de juego de la minería, necesitamos un Estado que esté presente y activo en todo el territorio no solo para allanarle el camino a las inversiones sino para construir desarrollo sostenible garantizando salud, educación, diversificación de la producción (agro, pesca, turismo, etc.); garantizando los derechos de todas las partes: comuneros, mineros, inversionistas, y, en particular, de los más vulnerables; promoviendo transparencia, participación, diálogo y consulta en las decisiones sobre el uso de los territorios y bienes comunes; garantizando que no se contamine las fuentes de agua, que la gente no respire ni coma polvo...

No, no es una utopía, es lo justo y trabajaremos para lograrlo.

Lima, 28 de marzo 2019.