es constitucional, no confundas

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¿Mucho para pocos?

Respuesta al editorial de El Comercio del 3 de mayo 2019

"No se trata de reprocharle a los pocos trabajadores formales del país por los escasos derechos que tienen y despojarlos de éstos para “equilibrar la balanza”, sino de generar condiciones para que todos los trabajadores y trabajadoras [...] puedan acceder a CTS, vacaciones, salud y pensiones dignas, pues no son privilegios, sino derechos."

Publicado: 2019-05-20

Escribo estas líneas en respuesta al editorial de El Comercio del 3 de mayo. Comparto la preocupación por el alto índice de informalidad laboral que afecta a alrededor del 70% de la población económicamente activa del Perú. En lo que tenemos discrepancias es en la identificación de las causas y de las estrategias para revertirla. 

El Comercio centra su diagnóstico en los “costos” y la “rigidez” de la “legislación laboral vigente”. Estos serían tan altos que bloquearían la posibilidad de que potenciales empleadores formalicen a sus trabajadores. Se señala incluso como causa de esta situación a “la protección casi absoluta contra el despido de la que disponen los trabajadores formales”.

Partamos de este último punto. ¿Cómo puede tener ese 30% de trabajadores que sí son formales “protección casi absoluta contra el despido” si más del 70% de quienes están en planilla tienen contratos temporales? Ni siquiera hace falta despedirlos, basta con no renovarles sus contratos. Además, para el pequeño porcentaje supuestamente “privilegiado” con un contrato indefinido, existen múltiples causas de despido justificado ¿Dónde está la supuesta protección casi absoluta contra el despido?

Por otro lado, se equivoca El Comercio al señalar que los culpables de la informalidad somos quienes nos oponemos a la "flexibilización" de nuestra legislación laboral. Nos oponemos porque creemos que la gente merece trabajar y vivir en condiciones mínimas de dignidad y seguridad, pero también porque la realidad ha demostrado que un régimen laboral “flexible” o “barato” no es la solución. Lo dicen las cifras del INEI: de los 12 millones de informales, más de 3 millones son trabajadores de micro y pequeña empresa. Para la micro empresa existe ya un régimen laboral “barato” sin CTS, ni gratificaciones, ni vacaciones completas que tiene un “costo” laboral de apenas 5%. Si el motivo de la informalidad fuera el costo laboral hoy todos los trabajadores de microempresas estarían formalizados.

El tema de la informalidad va mucho más allá de la regulación laboral y no, señoras y señores de la CONFIEP, no se va a resolver eliminando el derecho a la reposición. Se requieren políticas integrales que fomenten la productividad con inversión pública en infraestructura, diversificación productiva, incentivos administrativos y tributarios, acceso a crédito barato, capacitación y promoción de la innovación tecnológica, sobre todo pensando en las micro y pequeñas empresas que hoy son el motor de la economía nacional.

No se trata de reprocharle a los pocos trabajadores formales del país por los escasos derechos que tienen y despojarlos de éstos para “equilibrar la balanza”, sino de generar condiciones para que todos los trabajadores y trabajadoras -formales, autónomos, mypes, etc.- puedan acceder a CTS, vacaciones, salud y pensiones dignas, pues no son privilegios, sino derechos. No puede ser que en un país con tanta riqueza y potencial se pretenda retroceder en materia de derechos cuando lo que toca es modernizarnos y avanzar.

No se trata de que pocos tengan mucho, sino de que todos tengan lo necesario. Efectivamente, hay privilegios que revisar, pero no son los de los trabajadores. Recordemos que la distribución de la renta nacional se concentra cada vez más en las ganancias empresariales (60%) respecto de las remuneraciones de los trabajadores (30%). Recordemos que hay sectores de la gran empresa ya consolidados que aún gozan de beneficios tributarios de alrededor de 15 mil millones de soles anuales o recurren a mecanismos de elusión tributaria que se niegan a superar, boicoteando una norma antielusiva que, de haberse aplicado desde su promulgación en el 2012, le hubiera permitido recaudar alrededor de 50 mil millones de soles al Estado, dinero que se hubiera podido invertir en diversificación productiva o programas de empleo juvenil, por ejemplo. Ni qué decir del Club de la construcción, que se benefició ilegalmente de obras a dedo, sobrevaloraciones y adendas infinitas. Hoy, felizmente, las cosas empiezan a cambiar. Ya no vayamos para atrás. Miremos al futuro con optimismo.

Verónika Mendoza

Arequipa, 4 de mayo 2019


(Este artículo fue escrito en respuesta al editorial de El Comercio del 3 de mayo 2019. Se solicitó al diario la posibilidad de responder a sus críticas reiteradas en diversos editoriales pero sin éxito. Aquí la última carta dirigida al director del diario respecto a la negativa de publicar una respuesta:  https://bit.ly/30w2QRR )


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